| Autor(es): | Andrea Otero |
| Institución: | Banco de la República Colombia |
| Ciudad, Pais: | Cali, Colombia |
En la actualidad, Cali se encuentra en un proceso de recuperación social, como lo indica el actual Plan de Desarrollo, que incluye la implementación de políticas públicas que ayuden a restituir la confianza de la población en el gobierno local a través de un manejo cuidadoso de las finanzas públicas, la reducción del crimen y la corrupción y la promoción de las herramientas de control ciudadano.
Una de las conclusiones es que a partir de la década del 2000, la estructura económica de la ciudad comenzó a modificarse para responder a las nuevas necesidades impuestas por el modelo de apertura económica: el sector industrial ha perdido peso dentro de la economía local, pero el comercio y los servicios han ido reemplazándolo.
Durante los noventa, Cali pasó por una serie de eventos que desencadenaron una crisis. En una misma década sucedieron: la apertura económica, la crisis hipotecaria más importante de los últimos 30 años del país, la crisis en las finanzas públicas de la ciudad y el recrudecimiento del narcotráfico, los cuales, en conjunto, afectaron negativamente el crecimiento económico de la ciudad y tuvieron repercusiones especiales sobre el sector industrial. A comienzos del Siglo XXI, la ciudad intenta recuperarse de lo sucedido. El sector dedicado al comercio y los servicios es el más importante, mientras que la industria se recupera. Sin embargo, Cali presenta altas tasas de desempleo, pobreza y desigualdad. El sector educativo y las finanzas públicas también requieren intervenciones, ya que los resultados obtenidos en estos dos campos son inferiores a las de otras ciudades comparables. Pero el principal problema de la ciudad es la violencia, que se refleja en una alta tasa de homicidio y en su impacto sobre la acumulación de capital físico, humano y social. El narcotráfico, histórico y actual, parece ser el culpable de esta situación. Esta actividad ha contribuido a aumentar los niveles de violencia en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, además de debilitar las instituciones locales, fomentar la corrupción y generar un mal clima de inversión que no favorece a la industria.
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